Inspectores estatales identificaron más de 15 millones de dólares en gastos cuestionables provenientes de subsidios para seguridad nacional gastados en California, concluyó una investigación realizada por California Watch. Haciendo uso de las leyes de registros abiertos del estado, la unidad investigadora iniciada este año por la organización sin fines de lucro Centro para Informes de Investigaciones encontró gran cantidad de instancias de gastos en los que hubo despilfarro, incumplimientos de las normas en las compras, errores en la contabilidad y una supervisión deficiente en las agencias de todo el estado durante los años que siguieron al atentado del 9/11. Funcionarios en el Condado Los Ángeles gastaron 20,000 dólares en un Chevrolet Monte Carlo, 1,500 dólares en una caja fuerte para armas de “Homeland Security Safe Co.”, y 3,558 dólares en 70 imitaciones de armas de fuego. Ninguno de los artículos estaba permitido bajo las pautas de las subvenciones. Ken Kondo, portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado, dijo que las autoridades locales aprobaron el vehículo –un automóvil deportivo de dos puertas utilizado por la unidad antiterrorismo del sheriff. Los inspectores, sin embargo, consideraron que fue un uso inadecuado de los fondos para seguridad nacional. “Cuando algo no estaba autorizado, el estado no quería que le devolvieran el dinero”, dijo Kondo. “Querían que lo gastáramos en algo que estuviera permitido”. Los gastos cuestionables quedaron demostrados en miles de páginas de documentos de 160 informes de monitoreo elaborados por funcionarios de seguridad nacional del estado que visitaron ciudades y condados en todo California para inspeccionar los registros de los equipos y las subvenciones para determinar el cumplimiento de las pautas federales. El Condado Marin recibió más de 100,000 dólares en equipo de supervisión para mantener el sistema de tratamiento de aguas a salvo de un ataque terrorista. Pero cuatro años después de que los fondos fueron otorgados, las autoridades estatales encontraron equipos por un valor superior a los 67,000 dólares guardado en las cajas originales. Nunca había sido usado. Un condado del Norte de California solicitó un reembolso por una cortadora de césped Toro de 321 dólares, según los registros. Otro compró un televisor plasma de 40 pulgadas por 2,300 dólares. Docenas de ciudades y agencias no mantuvieron registros adecuados de la forma en que gastaron el dinero. En algunos casos, los registros deficientes tuvieron como consecuencia miles de dólares de pagos en exceso a las agencias locales. En otros casos, las agencias no lograron encontrar dónde guardaban sus propios equipos. El caos que rodeó al gasto de las subvenciones para seguridad nacional en California plantea nuevas dudas acerca de las garantías, ya que Washington está entregando directamente al estado y a las mismas comunidades aproximadamente 465.2 millones de dólares en fondos de estímulo económico para programas de seguridad pública como parte del intento del Presidente Barack Obama por salvar la acosada economía del país. Los auditores del gobierno aseguran que incluso ahora, ocho años después de los ataques terroristas, el Departamento de Seguridad Nacional no puede determinar en qué medida las subvenciones hicieron que Estados Unidos fuera más seguro. Las autoridades locales y otros expertos, por su lado, temen que una falta de supervisión podría resultar en los mismos tipos de errores con el paquete de estímulo económico que fueron tan frecuentes con los fondos antiterrorismo. “La orientación que recibimos de Sacramento no siempre es clara acerca de lo que se supone que debemos hacer”, dijo Tony Richno, subdirector de la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado Modoc. “Es muy difícil cumplir con las normas y en ocasiones las reglas no son razonables. Pero aceptamos el dinero y sabíamos en lo que nos metíamos”. Brendan Murphy, director de gestión de subvenciones de la Agencia de Gestión de Emergencias de California, dijo que varias áreas del estado han mejorado su administración de los fondos federales. Dijo que las inspecciones realizadas en el lugar por su oficina están encontrando menos datos negativos. “Vemos comunidades que es posible que hayan tenido dificultades hace algunos años”, dijo Murphy. “Ya no tienen dificultades, o al menos están mejor”. Muchos beneficiarios de las subvenciones no tuvieron problemas para administrar el dinero que recibieron y cumplieron con las expectativas de los reguladores. Los inspectores estatales revisaron gastos por aproximadamente 550 millones de dólares y concluyeron que gran parte del dinero se gastó de manera adecuada. Otras agencias no tuvieron tan buen desempeño. La oficina del alcalde en Los Ángeles transfirió fondos de subvenciones por un valor de 661,439 dólares al sheriff del condado durante 2006 para una embarcación de respuesta rápida de 44 pies con una kitchenette y un soporte en el que se pudiera colocar una ametralladora M60. Pero la ciudad no recibió autorización del estado ni del Departamento de Seguridad Nacional para hacerlo. Los documentos se completaron después de que los controladores descubrieron la embarcación, muestran los registros. Algunas compras realizadas por comunidades de todo el estado de California generaron quejas acerca de despilfarros que se convirtieron en noticia a nivel nacional. Una cantidad de ciudades y condados compraron motonetas Segway para sus escuadrones de bombas. Los registros estatales muestran que el Condado Sonoma compró la versión más moderna Segway x2, mejorada con neumáticos para todo terreno, guardabarros grandes y conexión para remolque. La motoneta x2, según el texto que promociona el producto, “puede dominar intimidantes terrenos de tierra, grava, césped o arena”. La Segway cuesta 4,700 dólares. Se supone que las solicitudes para las subvenciones que completan las autoridades locales deben reflejar las necesidades reales del área. Pero los inspectores encontraron documentos en el Condado Los Ángeles que muestran numerosos cambios a la forma en que prometieron gastar el dinero originalmente. Para tres subvenciones por un total de aproximadamente 70 millones de dólares en gastos, la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado Los Ángeles hizo al menos 392 modificaciones en tan solo un año. Muchos de esos cambios fueron hechos sin la aprobación de los supervisores de las subvenciones en Sacramento. Eso significa que el condado “no tenía buenos justificativos para las inversiones, por lo que no se cumplía con las metas y objetivos de seguridad nacional”, muestran los registros de control de julio 2007. En el momento de la inspección, el condado no había realizado durante dos años el inventario de una enorme cantidad de equipos que había comprado, no sabía dónde se encontraba parte de los equipos y no sabía a quién llamar para saber dónde estaban. Las autoridades en Los Ángeles respondieron que cambios muy pequeños se contaban en su contra como una “modificación”, incluso por cosas como tener fondos sin gastar. John Fernandes, director de la Oficina de Gestión de Emergencias, dijo que el condado es responsable por las compras hechas por docenas de ciudades y distritos especiales en el área. Ahora se exige que todos lleven registros completos con inventarios. “No hay dudas de que se debe garantizar a los contribuyentes que no se gasta ni un centavo sin controles”, dijo. “Pero si hablan con el jefe de bomberos o el administrador de emergencias, dirán ‘¿Por qué tardan tanto?’. Es un proceso engorroso por todo lo que hay que hacer”. California Watch es una nueva unidad de informes de la organización sin fines de lucro Centro para Informes de Investigaciones (CIR).El año pasado, el CIR comenzó a examinar la efectividad de los esfuerzos para la seguridad nacional en alianza con el Centro para la Integridad Pública. Para leer la versión completa del artículo visite www.californiawatch.org.

G.W. Schulz is a reporter for Reveal, covering security, privacy, technology and criminal justice. Since joining The Center for Investigative Reporting in 2008, he's reported stories for NPR, KQED, Wired.com, The Dallas Morning News, the Chicago Tribune, the San Francisco Chronicle, Mother Jones and more. Prior to that, he wrote for the San Francisco Bay Guardian and was an early contributor to The Chauncey Bailey Project, which won a Tom Renner Award from Investigative Reporters and Editors in 2008. Schulz also has won awards from the California Newspaper Publishers Association and the Society of Professional Journalists’ Northern California Chapter. He graduated from the University of Kansas and is based in Austin, Texas.