Nataly Alcántara despertó y vio dos sombras de pie en su dormitorio.

Su marido y su hijo pequeño estaban junto a ella en la cama, y su hija de 3 meses acurrucada en una cuna muy cerca.

Alcántara se dio cuenta que una de las sombras tenía un cuchillo en la mano.

“¡Danos tu dinero!”, gritó una mujer mientras la otra apuntaba con un arma a la cuna de la bebé. Alcántara tomó una billetera de un estante cercano. Tenía alrededor de $300, los ahorros de la familia. Se lo entregó a los intrusos. Se llevaron los celulares de la familia y huyeron.

Alcántara marcó el 911 desde el celular de otra persona que vivía en la casa. En cuestión de minutos, el primer coche patrulla se había detenido frente a su duplex, alrededor de las 4:30 a.m.

Le contó al agente lo que había sucedido. Pronto llegaron más policías de Miami. Alcántara vio cómo colocaban cinta policial en el frente de la vivienda, una de varias de un piso en Allapattah. Oyó un helicóptero volando por encima. Los periodistas de televisión llegaron con sus cámaras y micrófonos.

“Solo estaba en shock”, le dijo Alcántara a un reportero de CBS Miami.

A eso de las 10 a.m. llegó un investigador.

La familia de Alcántara ya había pasado por muchas amenazas de muerte en Honduras y un duro viaje hasta la frontera con Estados Unidos. Quería saber quién aterrorizó a su familia la madrugada del 3 de noviembre de 2014.

Así que Alcántara ayudó a la policía en lo que pudo. Tomó sus llamadas y los invitó a su casa. Revisó libros con cientos de fotos de delincuentes. Incluso se puso a investigar por sí misma se las arregló para ayudar a localizar a un sospechoso.

Alcántara le pidió solo una cosa a la Policía de Miami: que firmaran una carta confirmando su cooperación, para que ella pudiera solicitar una visa U, que el Congreso creó hace casi 20 años para proteger a los indocumentados víctimas de delitos y ayudar a la policía a solucionar casos.

Los inmigrantes indocumentados muchas veces tienen miedo de interactuar con las fuerzas del orden por temor a ser deportados. La visa es para alentarlos a denunciar delitos y que no haya impunidad.

Para Alcántara, la visa U significaría que podría obtener un estatus temporal y algún día solicitar la residencia permanente. En ese caso, podía obtener la licencia de conducir y llevar a sus hijos a la escuela cuando fueran mayores.

Pero después de varios meses de cooperación de Alcántara, la Policía de Miami se negó a verificar que ayudó a los investigadores.

En una metrópolis levantada por inmigrantes de América Latina, el Caribe y otras regiones, es algo que la Policía de Miami hace casi cada vez que se le pide. De hecho, casi 20 años después de su creación, el objetivo de la visa U es socavado rutinariamente por los organismos policiales en todo el país, concluyó una investigación de Reveal from The Center for Investigative Reporting.

Desde las comunidades fronterizas en Texas hasta algunas de las ciudades más grandes del estado de Nueva York, los funcionarios policiales están impidiendo que los inmigrantes incluso soliciten una visa potencialmente les cambie la vida y sembrando desconfianza, lo que afecta la seguridad pública más allá de los vecindarios de inmigrantes.

El análisis de Reveal de las políticas de más de 100 agencias policiales que atienden a grandes comunidades de inmigrantes identificó que casi 1 de cada 4 crea obstáculos no previstos en el programa de visas U. Una revisión basada en cientos de registros policiales y casi 60 entrevistas concluyó que las víctimas de delitos están a merced de las reglas internas que la policía elija.

“Las agencias policiales tienen ese poder”, dijo Kathlyn Mackovjak, abogada de Florida especializada en inmigración. “Pudieran tener motivaciones políticas, personales, pudiera decir que no tienen tiempo para eso, pudieran ser muchas razones. Y luego, por supuesto, la víctima paga el precio. Ni siquiera tienen la oportunidad de solicitar la visa”.

En 1994 el Congreso aprobó la Ley de Violencia contra la Mujer. La iniciativa, una de las primeras en el país en abordar la violencia de género, proporcionó fondos a la policía y los refugios, estableció una línea telefónica directa para denunciar casos y creó protecciones para las indocumentadas víctimas de delitos si estaban casadas con un ciudadano estadounidense o una persona con residencia permanente.

Pero seis años después de su aprobación, los legisladores observaron una brecha: no se aplicaba a muchas víctimas de violencia doméstica o víctimas de otros delitos violentos, lo que dificultaba que la Policía sacara a los delincuentes de la calle.

“Hay personas que no entienden sus derechos en este país”, escribió la senadora californiana Barbara Boxer en 2000. “Necesitan entender sus derechos, que sus cuerpos no pertenecen a nadie más y tienen derecho a gritar si son objeto de abuso”.

Así que los legisladores ampliaron la ley de 1994 para crear la visa U, que otorga estatus temporal a las indocumentadas víctimas de delitos violentos como violación, violencia doméstica, secuestro y agresión.

Los inmigrantes con estatus temporal, como una visa de estudiante o de trabajo, también pueden solicitar la visa U. Para cumplir los requisitos, los indocumentados deben haber sido víctimas de un delito violento y haber cooperado con la investigación policial. Las agencias policiales deben confirmar esa cooperación firmando un formulario de cinco páginas llamado certificación.

La certificación es una pequeña parte del proceso de solicitud, pero sin ella, una persona ni siquiera puede solicitar la visa. Una vez que las víctimas tienen la certificación, un funcionario federal de inmigración decide si cumplen los requisitos sobre la base de varios factores.

El gobierno limita a 10,000 la cantidad de visas U que otorga anualmente. Una vez que las víctimas obtienen la certificación y solicitan la visa, se unen a 243,000 personas en la lista de espera, lo que significa que la aprobación de la visa puede demorar hasta 10 años.

El número de solicitudes ha aumentado a lo largo de los años, pero bajó en 2018 por primera vez en al menos un decenio. Algunos defensores de los inmigrantes dicen que el cumplimiento más estricto de las leyes de inmigración por parte de la administración del presidente Donald Trump ha desalentado a las víctimas de contactar a la policía.

Pero cuando las víctimas solicitan la visa, caen en un sistema caprichoso en que las autoridades policiales deciden qué casos apoyar o rechazar. Cuatro agencias simplemente se niegan a considerar las solicitudes. Las policías de McAllen, Texas; Quincy, Massachusetts; Yonkers, Nueva York; y Rochester, Nueva York, no participan en el proceso de visas U.

Al menos 20 entidades policiales han creado sus propias reglas arbitrarias más allá de las directrices federales. La Policía del Condado Gwinnett, en Georgia, por ejemplo, considera las “probabilidades solucionar” el caso. Otras cuatro entidades policiales tienen normas similares.

La Policía del Condado Gwinnett declinó una solicitud de entrevista, pero expresó en un comunicado que debido al límite anual de visas, “tratamos de ser responsables en la emisión de certificaciones en aquellos casos de víctimas con las mayores necesidades”.

Otros consideran el daño mental y físico a la víctima, criterios que explícitamente no son de las fuerzas del orden. Según las directrices federales, eso es algo que debe ser evaluado solo por los funcionarios de inmigración que revisan la solicitud.

Otras 19 agencias policiales contactadas por Reveal se negaron a describir sus procedimientos o no devolvieron llamadas.

La visa U está destinada a proteger a las víctimas de la deportación mientras sus casos se procesan en el sistema judicial penal. Sin embargo, los fiscales de al menos tres entidades policiales —el Condado Arlington, Virginia, así como los condados Miami-Dade y Orange en la Florida— optando por certificar los casos solamente después de que han sido cerrados, según Reveal. Algunos fiscales de distrito se preocupan de que las víctimas dejen de cooperar después de obtener la certificación, mientras que otros están preocupados de que las visas U de las víctimas se usen en su contra en el tribunal.

“La visa U ha sido convertida en una espada por los abogados defensores”, dijo Theo Stamos, abogado de la mancomunidad de Arlington.

Dean Politopoulos, sargento de la Policía de Yonkers, dijo que su agencia no considera las solicitudes de visa U, sino que remite las víctimas a la fiscalía de distrito. Algunas otras entidades policiales han adoptado el mismo enfoque, dejando sin opciones a las víctimas cuyos casos nunca llevaron a un arresto. Politopoulos declinó explicar por qué su departamento se niega a firmar certificaciones.

“Hemos tenido conversaciones internas y no es algo que hayamos aprobado en este momento”, dijo.

Algunos departamentos policiales dijeron que crearon límites de tiempo porque quizás no tienen en sus archivos información de los casos más antiguos.

Incluso algunas agencias que dicen que sí certifican casos, en verdad rara vez lo hacen. La Policía del Condado Polk en Florida dijo que revisa las solicitudes. Pero entre 2016 y 2018 no firmó ni una sola de las casi 70 solicitudes que recibió. El jefe policial Grady Judd no devolvió llamadas telefónicas para pedirle declaraciones al respecto.

A medida que las opiniones contra los indocumentados en Estados Unidos se generalizan, los abogados de inmigración sospechan que es un factor en muchos de los rechazos de certificación. Antonio Flores, sargento inspector de la Policía de San Francisco, que ha capacitado a agentes sobre la ley de visas U durante más de un decenio, dijo que los policías a veces expresan preocupaciones sobre ayudar a los indocumentados.

Flores pide a esos agentes la declaración de misión de su agencia. Muchas veces, dijo, esa declaración incluye la palabra “comunidad”, pero no menciona países.

“Deja la política a un lado si quieren resolver los casos”, les dice Flores.

Flores también dice a los agentes que la visa U no beneficia solo a las víctimas indocumentadas. Debido a que la ley se creó en parte para ayudar a la Policía a reprimir a los delincuentes, mejora la seguridad en toda la comunidad.

Pero lugares como Miami han optado por no aprovechar plenamente la ley. De las 235 solicitudes de certificación que la Policía de Miami ha recibido en los últimos tres años, sólo aprobó 27.

“In a lot of cases, the denials that I’ve received, I’ve tried to follow up and get explanations, and the explanations I get are not very satisfying,” said immigration attorney Maya Ibars, who took on Alcantara’s case in 2017. “People are qualifying and it’s just unfortunately another way that they’re being victimized.”

“En muchos casos, las negaciones que he recibido, he tratado de dar seguimiento y conseguir explicaciones, y las explicaciones que recibo no son muy satisfactorias”, dijo la abogada de inmigración Maya Ibars, quien tomó el caso de Alcántara en 2017. “La gente sí cumple los requisitos; desafortunadamente es otra manera de ser víctimas”.

Leslye Orloff, defensora de las indocumentadas desde hace mucho tiempo y quien ayudó a los legisladores a redactar las normas de la visa U en 2000, calificó que la cantidad de aprobaciones de la Policía de Miami es “sorprendentemente baja” para una ciudad tan grande y diversa.

“Lo que significa es que la gente no confía en ellos”, dijo Orloff, directora del Proyecto Nacional de Defensa de las Mujeres Inmigrantes. “La gente no cree que van a emitir la certificación. La gente está pidiendo [certificaciones] menos de lo que probablemente deberían pedir”.

Una revisión de las solicitudes de certificación enviadas a la Policía de Miami en 2018 reveló que negó a muchas víctimas que cumplían los requisitos de la visa U. Entre las víctimas: una mujer que fue golpeada por su marido borracho. Un empleado de bodega de 27 años a quien robaron y amenazaron con un pincho de metal. Un hombre a quien le robaron a punta de pistola mientras depositaba dinero en un cajero automático.

“Debido a que han tenido la mala suerte de ser víctima de un delito en Miami, entonces están perdiendo las protecciones humanitarias a las que tienen derecho a tenor con la ley”, dijo Michelle Ortiz, subdirectora de la organización de defensa jurídica Americans for Immigrant Justice en Miami.

En una entrevista, el jefe de la Policía de Miami, Jorge Colina, dijo que estudiaría el proceso de emisión de la certificación en su agencia.

“Parece una cifra muy pequeña”, dijo Colina. “Sin duda es algo que quiero volver a estudiar y asegurarme de que estamos haciendo nuestra parte para representar a las víctimas, porque esa es nuestra función”.

“Alguien tiene que hablar por las víctimas”, afirmó.

Varios abogados dijeron que la Policía de Miami enviaba cartas genéricas de una página que no ofrecían ninguna explicación de la negativa de certificación. Colina reconoció que no está familiarizado con los procedimientos de la visa U en su agencia, pero dijo que ha empezado a hablar con su personal sobre estas preocupaciones.

Agregó que su personal le dijo que no incluyen detalles sobre las cartas de denegación porque alguien pudiera usar eso para burlar el sistema, que ven los nombres de los mismos abogados en las solicitudes de visa U y les preocupa que esos abogados se aprovechen de los indocumentados.

“Sólo queremos asegurarnos de que alguien no los está engañando”, afirmó Colina.

La Policía de Miami no proporcionó pruebas de ningún comportamiento sospechoso por parte de los abogados en cuestión.

Nataly Alcántara trató de llevar una vida normal en Honduras. Estudió Administración de Empresas en la universidad. Hacía mandados en bicicleta. Trabajaba en el negocio de pago de cheques de su tío los fines de semana.

Pero la violencia que abruma buena parte del país tocó a su vida. Su tío fue asesinado a tiros en marzo de 2008 y unos meses más tarde comenzaron las amenazas en su contra.

Varios hombres se acercaron a ella mientras iba en bicicleta a la farmacia. Se presentaron en la casa de la familia. Fue después que un extraño llamó a madre y le dijo que su hija estaba en peligro que Alcántara decidió marcharse de su ciudad natal, y se mudó a un lugar a 22 millas de distancia.

Finalmente, Alcántara reanudó su tranquila vida. Se graduó de la universidad y consiguió un trabajo administrativo en una compañía de bebidas. Se casó y tuvo un hijo.

Pero en 2014 las amenazas comenzaron de nuevo. Las pandillas locales a menudo obligan a los residentes a pagar una cuota mensual –llamada “la renta”— por sus viviendas y negocios. Gente extraña llamó a Alcántara y le exigió la mitad de su sueldo.

La última llamada consolidó la decisión de Alcántara de irse de Honduras: Si no cumplía, dijo la persona que llamó, iban a matar a su hijo.

Su marido, jugador de fútbol profesional, llegó primero a Texas. Alcántara estaba embarazada de ocho meses cuando ella y su hijo fueron detenidos en McAllen en mayo de 2014 y liberados unos días más tarde. Alcántara tiene una solicitud de asilo pendiente.

La familia se mudó al duplex en Miami y dividió el alquiler con tres compañeros de apartamento. Convirtieron la sala en su nuevo hogar.

Entonces, una noche, aparecieron las sombras.

‘Nos propusimos solucionar
este problema’

El programa de visas U ha superado sus raíces desde hace mucho tiempo como una forma de proteger a las víctimas de la violencia doméstica y la agresión sexual. Ahora es un elemento clave a raíz de varios tiroteos masivos. Desde la masacre en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida, hasta la reciente tragedia de Walmart en El Paso, Texas, estos actos de violencia han devastado a comunidades de inmigrantes, aunque no siempre fueron parte de la narrativa.

El 1 de octubre de 2017, cuando un hombre armado abrió fuego contra los asistentes a un festival de música country en Las Vegas y mató a 58 personas, alrededor de 120 de los trabajadores eran indocumentados, según el activista local Leo Murrieta. El sobreviviente más joven, que estaba en su primer día en el trabajo, tenía 15 años.

Después de lo sucedido, el gobierno municipal abrió un área de respuesta en el centro de convenciones, donde los sobrevivientes podían recibir asistencia psicológica y otros recursos. Pero muchos sobrevivientes indocumentados temían caminar hasta el centro rodeados de patrullas y policías, dijo Murrieta.

“Nadie en nuestro estado entendía que los indocumentados temían a la policía”, dijo. “¿Cómo se supone que la gente se sienta segura para ir y pedir ayuda?”

Murrieta, director de la organización sin fines de lucro Make the Road Nevada, se movilizó con otros defensores locales para obtener servicios para los sobrevivientes, como alimentos, atención médica y transporte a las citas médicas. Murrieta recuerda haber tomado declaraciones de sobrevivientes a quienes la policía aún no había entrevistado.

Una de las víctimas se desmayó al relatar los detalles a Murrieta. “Fue desgarrador”, dijo.

El Legal Aid Center del sur de Nevada también intervino para ayudar y procesar documentos de la visa U para unas 60 víctimas. Pero la policía se resistía. Le dijeron a los abogados que el agresor había sido identificado para que las víctimas no cooperaran en la investigación.

Así que el centro escribió un memorando que explicaba que los sobrevivientes cumplían los requisitos porque estaban dispuestos a presentarse y hablar de lo que presenciaron. Gabrielle Jones, una abogada de Legal Aid, recuerda a un sobreviviente que habló con la policía local y el FBI.

“Ella realmente quería asegurarse que esto no volviera a suceder”, dijo Jones.

“Tenemos clientes que recuerdan estar en el suelo y escuchar las balas pasarles cerca de la cabeza, sin saber si iban a llegar a casa esa noche para ver a sus hijos”, agregó.

Después de unos meses de discusiones, dijo Jones, la Policía empezó a firmar solicitudes. En junio de 2018, el jefe policial Joseph Lombardo también accedió a reunirse con algunas de las víctimas y escuchar sus historias.

El portavoz de la Policía de Las Vegas, Aden Ocampo Gómez, dijo que la agencia autorizó a más personal a firmar las solicitudes de visa de U después del tiroteo. La agencia también decidió que cualquier persona que estuviera en el festival y diera una declaración a la policía cumplía los requisitos para la certificación.

El abogado Edgar Flores ayudó gratuitamente a algunas víctimas a obtener certificaciones. Fue necesario negociar con la Policía, dijo, que finalmente accedió a firmar algunas solicitudes con una advertencia: iban a escribir en la certificación que la declaración de la víctima no era útil para la investigación.

“Algunas de estas personas que representamos son verdaderos héroes. Hay testimonios de otras personas que dicen que tal persona me recogió y me subió a un vehículo cuando me volaron un brazo. Esta persona me tiró al suelo”, dijo Flores. “Ayudaron a otros. Estaban haciendo cosas que sólo a los policías les pagan por hacer. Esa es una forma de ser útil”.

Flores, quien es legislador en Nevada, había observado durante años a las agencias policiales redactar sus propias normas internas sobre la visa U. Recientemente lideró la aprobación de una nueva ley que exige que las entidades policiales locales revisen el proceso para apegarlo a las normas federales y recopilen datos sobre la cantidad que aprueban y rechazan.

“Ninguna agencia tenía ningún tipo de transparencia sobre lo que hacía. No todos seguían las mismas reglas, y lo que es más importante, estaban creando sus propias reglas que iban acorde con la intención del Congreso”, dijo Flores. “Nos propusimos solucionar este problema.”

El Congreso no incluyó ninguna disposición en la ley de visas U que responsabilizara a las agencias que no prestaran atención a las solicitudes. Pero en la última década, 12 estados han tratado de llenar ese vacío.

California aprobó su estatuto de visa U en 2016. Los abogados y defensores habían creado una base de datos para realizar un seguimiento de las políticas de las agencias policiales en todo el estado y se dieron cuenta de que algunas habían decidido no participar en el proceso de certificación, mientras que muchas víctimas experimentaron retrasos de meses en la obtención de las certificaciones.

Según la ley, las entidades policiales de California deben procesar las solicitudes en un plazo de 90 días, o 14 días si la víctima está en peligro de deportación.

“La ley cumple lo que le toca en términos de obligar a las agencias policiales que generalmente se negaban a firmar”, dijo Gina Amato Lough, abogada del Immigrants’ Rights Project en Public Counsel en Los Ángeles.

Otros diez estados —como Maryland, Illinois y Washington— han aprobado leyes similares. En noviembre pasado, el procurador general de Nueva Jersey envió una directiva a la policía y los fiscales que les exige cumplir las normas de emisión certificación para las visas U.

Al día siguiente del robo, Alcántara llamó al número de su celular robado.

“Yo llamaba al teléfono, a mi teléfono, para ver si sabía sobre ellas y me contestaban”, dijo. “Y me contestaban y yo les decía que era la que habían asaltado”.

La mujer colgó. Alcántara llamó a la policía para decírselo y pidieron sus registros telefónicos. Tal vez, pensó Alcántara, los agentes podrían usar su teléfono robado para encontrar a los sospechosos.

Informes policiales muestran que Alcántara y su esposo se reunieron con la policía, entre ellos el agente investigador Luis Sierra, al menos tres veces. Respondieron a sus preguntas. Sierra quería saber si Alcántara conocía a las mujeres antes del robo, pero no las conocía. En su casa, la policía les mostró fotos de posibles sospechosos, pero Alcántara no pudo reconocer ninguna de las caras.

El principal suceso de la investigación fue el 16 de noviembre de 2014, cuando Sierra obtuvo registros de historial de llamadas de los teléfonos robados. Los registros mostraron que el teléfono de Alcántara fue usado siete veces unas horas después del robo.

Sierra finalmente encontró a alguien a quien el sospechoso había llamado con el teléfono de Alcántara. El hombre le dijo a Sierra que la mujer, una ex novia, le había pedido dinero. Dijo que la debían arrestar porque “no está a salvo en las calles”.

Una verificación de antecedentes mostró que tenía una orden de detención. Después de su arresto, el 3 de diciembre, “negó cualquier conocimiento o participación” en el robo, muestran los documentos estatales. La policía nunca le acusó del robo.

“En este momento no hay más pistas ni el potencial de solucionar el caso”, escribió Sierra en el expediente.

Sierra, que ahora es teniente de la Unidad contra la Violencia Doméstica, no respondió a correos electrónicos que le pedían declaraciones.

Mientras Alcántara todavía ayudaba a la Policía, un amigo de Honduras mencionó en una llamada telefónica que había escuchado hablar de una visa para las víctimas de delitos. Alcántara se presentó ante el tribunal de inmigración en busca de ayuda y la refirieron a y el personal la refirió a Catholic Legal Services, una organización sin fines de lucro que atiende casos de inmigración.

En abril de 2015, un abogado presentó la solicitud de certificación de Alcántara a la Policía.

Pasaron cinco meses sin respuesta.

La abogada de Alcántara en ese momento, Ana Quirós, envió una carta de seguimiento. “Ella dio información útil y será útil en el futuro”, dice la carta. “La visa U fue creada específicamente para este tipo de situación”.

Casi un año después del robo, Alcántara recibió una carta de una página: ”Después de una cuidadosa revisión, se ha determinado que la Policía de Miami no certificará la solicitud”.

“La decisión de la agencia es totalmente discrecional”, agregó la misiva.

La justicia no castigó a los ladrones y Alcántara ni siquiera tuvo la oportunidad de solicitar su visa.

Jorge Colina, el jefe de Policía de Miami, sugirió que el departamento volvería a examinar el caso. “Si ella hizo la llamada telefónica, pidió ayuda y cooperó, miró las fotos de sospechosos, creo que vale la pena estudiar el caso de nuevo”, dijo.

Para Alcántara, que ahora tiene 32 años, su experiencia ha cambiado la forma en que ve a la policía.

Antes de salir de Honduras, Alcántara le contó a la policía sobre las llamadas telefónicas amenazantes, pero nadie hizo nada. En Estados Unidos, Alcántara estaba buscando protección y un lugar seguro para criar a sus hijos. La policía aquí es diferente, pensó.

“Yo pensé que eran como en las películas”, dijo. “Que todo se resuelve rápido que agarran a los ladrones. Pensé que era igual en la vida real”.

Eso cambió después de recibir la carta de rechazo de tres párrafos de la Policía de Miami.

“Y la verdad”, dijo, “Es igual que en todos los países”.

Después que los reporteros de televisión contaron su historia y la Policía dejó de llamar, nadie le preguntó a Alcántara sobre la noche del robo.

La familia no podía darse el lujo de mudarse del duplex inmediatamente. Hasta que se mudaron unos meses más tarde, Alcántara no podía dormir bien por la noche. Su hijo pequeño se echaba a llorar cuando veía a extraños vestidos de ropa oscura.

Demoró unos años en ahorrar dinero, pero la familia tiene ahora una pequeña casa de dos dormitorios en Miami. Su hijo es un niño vivo de 6 años al que le gusta correr por la casa con su hermana de 5 años.

Mientras están en la escuela, Alcántara se queda en casa y cuida de su hijo de 1 año. Algunas noches, cuando su esposo llega a casa del trabajo, vende alimentos ligeros y refrescos durante los partidos de fútbol en un parque cercano.

Por las tardes, después que los niños llegan a casa de la escuela, Alcántara camina hasta el comedor, coge una silla de metal y la coloca contra la puerta principal.

Si un intruso vuelve, esta vez los va a escuchar.

Este reportaje fue editado por Andrew Donohue y Matt Thompson y revisada por Nikki Frick. Traducido por Oscar Díaz, El Nuevo Herald.

Usted puede contactar a Laura C. Morel en lmorel@revealnews.org. Sígala en Twitter en @lauracmorel.